Consulta Popular Municipal: Aportes para mejorar la Democracia

Ante la propuesta de consulta popular no vinculante anunciada por el Intendente de la Ciudad hace escasos días, ponemos a consideración algunas sugerencias de preguntas que podrían hacerse a la ciudadanía en ese marco. Nuestra presentación tiene como objetivo reflexionar colectivamente sobre el tipo de democracia que rige el funcionamiento de nuestra ciudad, es decir, la forma en que se definen la participación ciudadana y las representaciones institucionales que habilitan modos de tomas de decisiones, a nuestro entender, abusivos e ineficientes.

El punto de mayor preocupación en este sentido tiene que ver con el total abuso que se ha hecho en estos últimos 6 años de la llamada “cláusula de gobernabilidad”. La Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba establece en su Art. 137 inc. 3 a) “Corresponde al partido que obtenga la mayor cantidad de votos la mitad más uno de las bancas”, es decir que el intendente electo goza de mayoría automática sin importar el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección, por lo que si un candidato gana con el 20 o 30% la elección, se le otorgan la mitad más una de las bancas en el Concejo Deliberante (16 en total) para que pueda sancionar cualquier ordenanza según su parecer. Si no lo ha votado el 80 o 70% de la ciudadanía, el intendente gozará igualmente de totales condiciones para imponer sus avances sin necesidad de dialogar ni consensuar nada ni con la sociedad ni con los representantes de la oposición en nuestro órgano legislativo.

Esta norma no surge de la actual conducción del municipio, pero ha sido puesta en crisis en este periodo más que en ningún otro, a raíz de la utilización recurrente de esa mayoría automática por parte de un Intendente que ha sido elegido tanto en 2011 como en 2015, con los menores porcentajes electorales de la historia de nuestra ciudad (36% y 32% respectivamente). No quiere decirse aquí de ninguna manera que el gobierno sea ilegítimo, es una mayoría electoral y eso no está puesto en duda. Lo que resulta arbitrario y contrario a cualquier espíritu democrático, es que con tan escasa representación el jefe comunal, haya impuesto una y otra vez ordenanzas nocivas para el bien común y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, utilizando la comodidad de tener siempre garantizada mayoría legislativa antes de empezar cualquier debate por nuevas ordenanzas.

Párrafo aparte merece lo actuado por el Poder Legislativo de la Provincia en relación a las prestaciones que debe garantizar el Municipio capitalino. Según el artículo 2 de la Ley 10461 se establece que “los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental quedan expresamente comprendidos entre los referidos en el artículo 1º de esta Ley”, siendo estos servicios esenciales. Esta ley, tiene un problema de gran magnitud cuando la cobertura de lo esencial en Córdoba está íntegramente en manos de empresas privadas. A pesar del sostenimiento de importantes márgenes ganancia, las mismas prestan servicios ineficientes y que incumplen con las exigencias de los contratos firmados con el municipio, es decir, con todos los cordobeses. Por eso pensamos en cuál es el rol del Estado concretamente en una situación crítica de un servicio esencial, si por propia decisión política de los gobiernos radicales, el Municipio no cuenta con la posesión efectiva de ninguna de las aristas que vuelven esencial el transporte. Es únicamente el “poder concedente”, es decir, los trabajadores no pertenecen al Municipio, las flotas de colectivos tampoco, los talleres de revisión tampoco, ni tampoco los ingresos que se generan a través de la prestación. ¿Cómo cuida el Estado Municipal la esencialidad del servicio, si por la decisión de haber privatizado todo, nada depende de él? ¿Al conceder el servicio, entonces, también se concede el poder de gobierno para garantizar lo esencial? ¿Quién gobierna entonces?

Por otra parte, observamos que para transformaciones nodales de la ciudad que afectan la vida diaria de todos nosotros, el jefe comunal no ha tenido ninguna vocación de abrir el debate e incluir a actores sociales diversos, para escuchar distintas opiniones, para planificar de manera participativa, para incorporar elementos y aportes de las comunidades afectadas, del conocimiento científico, de la investigación académica, de experiencias previas realizadas. Nada de esto ocurre porque el intendente nos recuerda periódicamente, que tiene la mayoría automática en el Concejo Deliberante para aprobar lo que desee, cómo lo desee, y cuando lo desee. Semejante margen de arbitrariedad afecta seriamente la democracia de nuestra ciudad, dejando a los ciudadanos sin posibilidad alguna de revertir la implementación de políticas públicas perjudiciales para la comunidad como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante los 6 años de gestión del actual jefe comunal. La única voz que pareciera ser considerada como válida, es la de unos pocos empresarios cercanos al Intendente. Consideramos esto inadmisible y lesivo de la calidad institucional del Estado local.

 

Bajo ese régimen se han generado, entre otras, las siguientes acciones:

– La Privatización total del Servicio Público de Transporte que derivó en la entrega del 80% del sistema a la empresa ERSA. Con el boleto urbano más caro del país, y con un incremento del 82% en las ganancias de las empresas sólo en 2016, la prestación del servicio es ineficiente y deficitaria. Jamás ha sido penada por los recurrentes incumplimientos con el pliego de licitación del servicio.
– 6 aumentos de boleto urbano de pasajeros (todos votados en soledad por el radicalismo).
– Convenios urbanísticos sin estudios de impacto ambiental, con cambios del uso de suelo, sin planificación urbana alguna, que afectaron negativamente todas las redes de servicios públicos de la ciudad. Los siguientes fueron votados en soledad y en sesiones extraordinarias por el radicalismo: Los Ombúes, Municipalidad de Córdoba y el Sr. Francisco Rosendo Figueroa, Municipalidad de Córdoba y el Sr. Martín Scolari, Municipalidad de Córdoba y el Fideicomiso Stella, Municipalidad de Córdoba y Bloque Urbano S. A., Municipalidad de Córdoba y Herederos de Francisco Pablo Siragusa.
– La Privatización del servicio de Higiene Urbana, que generó la desaparición de la recolección diferenciada y el reciclado, con la consecuente saturación del predio de Piedras Blancas donde se realiza el enterramiento;  quintuplicando el costo del servicio para los ciudadanos de Córdoba; y un control nulo por parte del Estado sobre el destino de los cuantiosos fondos que reciben las empresas concesionarias.
– La aprobación de la Tasa del Agua, que cobra el 10% para obras de cloacas jamás ejecutadas.
– El endeudamiento municipal en moneda extranjera por 150 millones de dólares, en medio de una delicada situación fiscal, con Gastos Corrientes que se verán totalmente sobrepasados cuando empiecen a correr los pagos de intereses.

Atentos a esto es que presentamos la siguientes sugerencias de preguntas para la consulta popular anunciada por el intendente:

Preguntan vinculante:

¿Está de acuerdo con derogar la “Cláusula de Gobernabilidad” que otorga mayoría automática al Intendente sin importar el porcentaje de votos que obtenga en la elección y reemplazarlo por un sistema más democrático de distribución de las bancas en el Concejo Deliberante?

Preguntas no vinculantes:

¿Considera acertado que la Empresa Romero SA (ERSA), concentre el 70% del servicio de Transporte y el 50% del servicio de Higiene Urbana?

¿Considera que el aumento del 80% en la ganancia de ERSA durante 2016, generó una mejora en el servicio de Transporte?

¿Considera que los 6 aumentos de boleto urbano, volvieron en mejoras del servicio de transporte?

¿Considera que la quintuplicación de presupuesto destinado al servicio de Higiene Urbana en manos de Cotreco y Lusa, ha generado una mejora en su prestación?

¿Considera que los convenios urbanísticos aprobados, sirvieron para mejorar en algún aspecto su calidad de vida?

¿Considera que la Tasa del 10% de impuestos que se cobra todos los meses junto con la factura del Agua, fue efectivamente destinada a obras hídricas y de cloacas?

¿Cree que el endeudamiento por 150 millones de dólares fue destinado a obras de infraestructura prioritarias para mejorar la calidad de vida de los cordobeses?

¿Cree que la creación del Ente de Servicios y Obras Públicas (ESOP) sirvió para mejorar en algún aspecto esas dos esferas de la gestión municipal?

Si los servicios de transporte, salud e higiene son declarados como esenciales ¿cree usted que el Estado debería tener algún tipo de participación en la gestión de dichos servicios?